EL TIGRE ANDA SUELTO

Por Mario Andrés Aquino López

Ya nos hemos cansado de recordarle al Presidente de la República, al Constitucional, a Felipe Calderón, que el hecho de haber quebrantado la ley no puede llevar a un Estado de Derecho, que la violencia no conduce a la paz sino a más violencia y que el Ejército es un tigre que sacó de su jaula y hasta le quitó la cadena.

Sirva de ejemplo lo que está ocurriendo en Honduras, donde un jefe militar desobedeció a su jefe máximo y lo derrocó pues tenía aquello con lo que no contaba Zelaya ni cuenta Calderón: con las armas.

Los políticos oportunistas de siempre, se sumaron a la causa golpista, y los partidarios de Zelaya se ven muy moderados, por decirlo de una forma suave, pero Calderón, no tiene partidarios ni en el PAN, le han brincado hasta hijos de mediocres caciques de pueblo que se enfrentan a la opinión y a la política de Calderón.

Sirva de ejemplo el caso de Guillermo Zavaleta, Diputado Federal por un pueblo perdido en la Sierra Oaxaqueña que se llama: Santa Catarina Juquila, hijo de un ricachón del pueblo que siempre ha actuado como cacique y a veces como señor feudal dueño de vidas y haciendas.

Ahora desde la tribuna, en conferencias de prensa y en su sitio web http://guillermozavaleta.org/ pregona su soberbia, dictaminando cuál debe ser la política del PAN, y reta al PAN y a Calderón, como se lee en su sitio web:

… el diputado federal panista por Oaxaca, Guillermo Zavaleta Rojas, añadió que, ni el PRI ni sus diputados, mucho menos el gobernador o su partido, pueden censurar la alianza que el PAN pueda llevar a cabo en distintos estados del país. Además, aclaró: “El hecho de ir en coalición (en Oaxaca), es prácticamente un paso obligado para la oposición, toda vez que los partidos que disentimos con el PRI no tenemos la fuerza necesaria para lograr de manera autónoma, o de manera particular, ganar una elección… Como se hacen las cosas en Oaxaca, pues, obligan a la oposición a buscar los mecanismos y a encontrar las soluciones que puedan dar fin a esos casi 80 años de cacicazgo político.”

Como suele decirse coloquialmente: “El burro hablando de orejas”, su padre, del Diputado Zavaleta, su tío y toda su parentela ha vivido en la opulencia en un lugar donde casi el 80% de la población vive en la pobreza extrema, si cabe duda lea lo que dice el INEGI sobre el pueblo de Santa Catarina Juquila, donde el poder lo comparten los Zavaleta sólo con el cura de la famosa parroquia que también es riquísima.

Con un control político así, Calderón no podría con un país dominado por los militares y otros políticos con más presencia y agallas como Salinas de Gortari, Ceballos, los dirigentes del PRI y los auténticos líderes panístas, si no puede con un novel hijito de papá, menos con los líderes políticos que hay en todos los partidos y que se sumarían, muchos de ellos, a la causa castrense en el caso de un golpe militar que no se ve lejos ni parece descabellado.

En Honduras han suprimido las libertades civiles, tienen un Estado de Sitio, se enfrentan a sus vecinos y casi los retan a que les declaren la guerra como podría ocurrir si se atreven a violar la Embajada de Brasil.

Los cariocas tienen armamento y fuerzas armadas muy superiores a las de Honduras y en tres días aplastarían en sangre y fuego a los hondureños, con el apoyo de los países limítrofes, pero Lula desea llevar la fiesta en paz.

Ponga atención Sr. Calderón, usted ya permitió que los soldados restrinjan, limiten y a veces supriman garantías individuales, son súper policías que catean y detienen sin orden, y en las carreteras lo mismo revisan su equipaje que sus documentos de viaje e identidad, invadiendo funciones propias de la Secretaría de Gobernación, de la Aduana y de las Policías Federales: preventiva y AFI.

En este momento, su estilo de gobernar se parece más al de Roberto Micheletti, usurpador golpista y represor, que a un Presidente Democrático y respetuoso de la ley, pero en cualquier momento el tigre que soltó le puede dar un zarpazo y hasta devorarlo. Que tenga usted cuidado, me parece un buen consejo.

FIN.

LOS MILITARES Y LA IGNORANCIA DE LA LEY

Por Mario Andrés Aquino López

El pasado 16 de Septiembre, la periodista María Jaramillo entrevistó al general Edgar Villegas Meléndez, comandante de la VIII Zona Militar, quien dijo, y cito la entrevista:

“…reconoció que en la Zona a su mando si se han dado casos de violaciones a los derechos humanos los cuales han sido investigados y los responsables puestos a disposición de la justicia militar.”

“Rechazó que al amparo del fuero militar o con el argumento de la lucha contra el narcotráfico se cometan violaciones a los derechos humanos, pero además aseguró que el fuero militar no exime a los militares ni de la justicia civil ni de la militar, por lo que si es deseo de los legisladores eliminarlo, deben hacerlo.”

… “Indicó que la Comandancia atendió dos casos de denuncias de Reynosa y Nuevo Laredo en los cuales se probo que los elementos no se condujeron de conformidad con el reglamento y fueron puestos a disposición de la justicia militar.”

Prefiero pensar que lo expresado por el General Villegas es ignorancia de la Constitución y no cinismo, veamos por qué lo digo:

En el primer párrafo de la entrevista dice que: sí se han dado casos de violación a los derechos humanos y a los (militares) responsables se les ha puesto a disposición DE LA JUSTICIA MILITAR, entiendo que las víctimas son civiles, no militares.

Confesar esto, sería descaro si estuviera enterado del texto de la Ley, le vamos a recordar lo que dice la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 13: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.”

Queda claro que, si en el caso estaban involucrados como víctimas algunos paisanos, es decir civiles, debió haber puesto a sus hombres a disposición de un Ministerio Público Federal del orden común, no ante la justicia militar.

Porque los militares que remitió a la justicia militar también son ciudadanos y los protegen los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución.

Por cierto, es conveniente recordar una parte importante del artículo 21 Constitucional:

“la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.”

“El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al ministerio público. La ley determinara los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.”

Esto quiere decir que el Ministerio Público tiene la función de investigar los delitos y ejercer la acción penal, en forma exclusiva, y no la policía uniformada, y menos los militares que ilegalmente están ejerciendo funciones policíacas (art. 129 Constitucional).

Por supuesto que el mismo artículo 21 dice que “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.”

Pero quizá la parte más importante que olvida el Ejército en esta “guerra” contra el crimen organizado o lo que sea, es que el propio artículo 21 dice: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el distrito federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala…. “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El ministerio publico y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformaran el sistema nacional de seguridad pública….”

En ninguna parte dice que el Ejército tiene facultades para intervenir en la seguridad pública, tiene eso sí para intervenir en la seguridad nacional y preservar la integridad del territorio, que es algo muy distinto.

Me permito diferir de la opinión del Sr. Gral. Villegas, en el sentido de que no se violan los derechos humanos, sí se violan, y también se quebrantan varios preceptos Constitucionales, para no ser reiterativo ni largo le voy a citar uno sólo que a diario se infringe: articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En todas las carreteras hay retenes mi-li-ta-res que lo bajan del camión, le revisan sus bolsas personales, sus equipajes y le piden identificación, eso, dicen ellos, porque están haciendo cumplir la ley federal de armas y explosivos ¿y…? ¿Dónde está el mandamiento escrito de un Juez que funde y motive la causa legal del procedimiento? ¿A priori sabe el soldado raso que ejecuta esos actos que somos contrabandistas de armas o nos ve cara de “narcos” y eso basta para registrarnos cuidadosamente? ¿Son adivinos, síquicos o qué? para hacer cumplir una ley que no es violada por la gente común sino por “la gente” que los militares saben perfectamente quién es.

Desde que el Ejército salió a las calles el crimen ha aumentado, los homicidios son cada día más, a eso agréguele las violaciones de mujeres (Vr. Gr. La anciana indígena veracruzana), los homicidios de gente pacífica como los dos niños y las maestras rurales que mataron los soldados en Sonora y la menor que acribillaron en Matamoros cuando se dirigía a una tortillería donde trabajaba, y el pueblo se pregunta ¿a qué salieron? Cuando no debieron porque el artículo 129 Constitucional lo prohíbe expresamente y si a esto le agrega el 21 Constitucional que dice que la Seguridad Pública es una cuestión civil, sabrá que la violación a los Derechos Humanos es una constante en pueblos y carreteras de México.

En cuanto a que desaparezca el “fuero militar” le sugiero al Gral. Villegas, que lea a Manuel González Oropeza; “El Fuero Militar en México: La injusticia en las fuerzas armadas” en donde el autor hace un detallado análisis sobre el artículo 13 Constitucional que es donde se establece el Fuero Militar, y lo defiende en parte, pero señala con mucho tino que hay una contradicción en el propio artículo cuando dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, y se pregunta ¿por qué los militares sí? ¿No es eso injusto para los militares?

En verdad la Suprema Corte debe dar una respuesta a este ensayo, y no esconderse bajo sus privilegios dejando que los jefes militares envíen a sus soldados presuntamente implicados en delitos en donde la víctima fue un civil, al fuero militar, debe, como autoridad judicial máxima exigir, ordenar que se pongan a disposición de la justicia civil de inmediato; el Presidente de la República se lo puede ordenar también en su calidad de Comandante Supremo; el Poder Legislativo puede ejercer presión política o acudir a la Suprema Corte para que lo hagan, de ese modo, no hay por qué desaparecer el “fuero Militar”.

Aun cuando a González Oropeza le parezca contradictorio, a mí en lo personal me parece necesario que El Ejército tenga una organización judicial para mantener el orden dentro de sus tropas, siempre respetando nuestra máxima Ley: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Espero haber sido muy claro y que no se desvirtúen mis precisiones, dicen que me arriesgo mucho haciéndolas porque me pueden fabricar una acusación de “x” delito, pero pienso que alguien tiene que decírselo a quienes declaran de forma inocente cuestiones que hasta pueden ser consideradas delitos, y por ello, vale la pena señalarlo, cualquiera que sea el riesgo.

Fin

Assad condena a muerte a la Universidad Pública

-Todos pagamos un gran hospital, para que lo usen los ricos.

Por Mario Andrés Aquino López.

En días recientes publicó “Gazeta” una entrevista con el Secretario de Educación de Tamaulipas José Manuel Assad Montelongo, quien con esa candidez y falta de criterio que lo caracteriza dijo:

“…se espera que el edificio de esta nueva universidad (La Salle) quede concluido en este mismo año para que de inmediato inicie las inscripciones y entre en operaciones, a cuyas aulas podrán asistir alumnos de los estados del norte del país.”

La factibilidad de operación de la universidad, aclaró el funcionario, está sustentada en un estudio de mercado que especialistas de La Salle realizaron en la región noreste del país.

“Hicieron un estudio que arrojó que Victoria tiene capacidad para dar ese servicio de estudio y la nueva institución no chocaría con las facultades que ofrecen la carrera de medicina”, dijo Assad.

“Con esto Tamaulipas contaría con una universidad especializada en carreras de la salud, siendo la primera en toda América Latina, a lo que se añade que los especialistas tendrían a su alcance un Hospital de Alta Especialidad para realizar sus prácticas profesionales y salir mejor preparados en diversos rubros de la medicina.”

No debe olvidar el Señor Secretario que sólo los que pagan mucho dinero pueden acceder a la educación de orientación católica y conservadora que imparte La Salle, no obstante que en sus orígenes Juan Bautista de La Salle inició escuelas para los más pobres donde no costaba estudiar, la enseñanza no era en Latín sino en el idioma autóctono (el francés en su caso) y que su filosofía estaba dedicada a difundir la educación entre los más pobres, la Salle actualmente es dueña de las Universidad La Salle en el D.F., Universidad La Salle Cancún, Universidad La Salle Guadalajara, Universidad La Salle Morelia, Universidad La Salle Pachuca, Universidad La Salle Noroeste, Universidad del Bajío, Universidad La Salle Laguna, Universidad La Salle Chihuahua,

Centro de Estudios Superiores La Salle (CESLAS) en Monterrey, Universidad La Salle Benavente,

Universidad La Salle Victoria (que se ubica en Ciudad Victoria Tamaulipas por si lo ignoraba el Secretario), Universidad La Salle Saltillo, Universidad La Salle Nezahualcoyotl, y por supuesto la famosa Ibero que con orgullo cuenta entre sus egresados a Vicente Fox Quesada. Egresado de Administración de Empresas, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante el periodo 2000-2006; Josefina Vázquez Mota. Egresada de Economía. Hoy ex Secretaria de Educación Pública; Valentín Diez Morodo, Egresado de Administración de Empresas, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Ventas y Exportaciones de Grupo Modelo; Roxana Velásquez Martínez del Campo. Egresada de la Maestría en Arte, Directora del Museo Nacional de San Carlos; el Presidente de Banamex y otros más.

Además de que en todo Latinoamérica existen Universidades Lasallistas, que no tienen nada de malo, pero cabe preguntar si el güero Assad ¿piensa que el Gobierno Federal y Estatal con recursos públicos, es decir con nuestros impuestos, crearon un gran Hospital de tercer nivel para beneficio de una Universidad Privada que hace mucho se alejó de la filosofía de su fundador?

¿Acaso se le antoja indigno o inmerecido pensar en ofrecer el Hospital a la Universidad Pública Tamaulipeca que es la Universidad Autónoma de Tamaulipas a la cual le regatean abiertamente los recursos?

Claro que la UAT no es un modelo de perfección pero es perfectible y es pública.

Cabe recordar aquí que en Excélsior, Carlos Fernández De Lara publicó “Ciencia sin discursos” donde asegura que: “Mientras Estados Unidos y la administración de Barack Obama miran a la ciencia como un motor de crecimiento del país y un salvavidas frente a fenómenos como la crisis económica, el desempleo y el cambio climático, en México la palabra se mira todavía como un gasto cuya aplicación no va más allá del discurso político…”

Cita a Francisco Javier Castellón, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República quien afirma que: “para poder elevar la inversión pública y privada en materia de investigación y desarrollo científico y tecnológico en el país, gobierno, academia y sector privado tienen que replantear su discurso político y de buena voluntad por uno de acciones y hechos concretos.”

Hay que recordarle lo que dijo acerca de las Universidades Públicas el escritor y periodista Carlos Monsiváis al recibir el doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Veracruzana,:

“Forman en un primer nivel a la mayoría de los profesionistas encargados de satisfacer las necesidades de la administración pública y de la sociedad, representan el avance científico y cultural posible en una nación de escasos recursos, la investigación científica sigue siendo patrimonio de las universidades públicas. Forman a las decenas de millones de profesores que demanda la explosión demográfica de la educación media y superior.”

“Reafirman la ampliación del criterio en las ciencias sociales y las humanidades, representan a los ojos de las clases populares y las clases medias, la movilidad al alcance.” Como se lee en el editorial de la Revista Confluencia # 157 editada por ANUIES.

Por su parte, el Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, el día 12 de marzo de 2009 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dijo a la periodista María Jaramillo lo siguiente:

“Más de 600 mil estudiantes de educación superior viven en condiciones de pobreza extrema, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha fortalecido su sistema de becas y se han creado más de 125 mil espacios a efecto de que más jóvenes accedan a la educación superior.”

El subsecretario de Educación Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, dijo que dependiendo de la profundidad de la crisis “se espera que estudiantes abandonen las instituciones de educación privada y por lo tanto se incremente la demanda en las universidades públicas.”

Claro que esto no le gustará a los promotores del Tec de Monterrey, de la Ibero o de La Salle, pero es una realidad, muy pocos privilegiados pueden pagar las colegiaturas y otras cuotas por estudiar y titularse en esas instituciones, y esto no se debe a que no quieran, sino a que económicamente les resulta imposible.

Invitamos al Secretario Assad y a los interesados en el proyecto de la ampliación de “La Salle”, a que lean el Discurso de Luis Donaldo Colosio: “Es la hora de una educación nacionalista y de calidad; es la hora de una educación para la competencia; es la hora de nuestras escuelas, de nuestros tecnológicos; es la hora de la universidad pública en México; es la hora de la gran infraestructura para la capacitación de todos los mexicanos que quieran progresar.”

Lástima que ya no está con nosotros y jamás tuvo la oportunidad de aplicar esa política educativa.

Para las autoridades educativas tamaulipecas tal parece que ha sonado la hora de la iniciativa privada y de la educación elitista, donde todos tenemos que pagar por un enorme hospital de especialidades de tercer nivel para que lo aprovechen los estudiantes de una institución tan elitista como “La Salle”.

¡Qué pena por la Universidad Pública! ¡Qué pena por la educación pública! Pues parece que su hora, no ha sonado, a menos que nos estemos refiriendo a la hora de su muerte.

Hasta la próxima.

EL ENREDO DE LAS REDES

Por Mario Andrés Aquino López

Desde hace algún tiempo, las mujeres han pretendido logar independencia, respeto y reconocimiento del género masculino, para ello han usado muy diversos métodos y han logrado muchas victorias: Aceptación en todas las profesiones, empleos y trabajos, el voto político, el reconocimiento de igualdad con su congénere varón y muchas otras victorias.

En Tamaulipas existe un esfuerzo por lograr consolidar esas victorias, la constitución de las “redes de mujeres periodistas”, pero como sucede con cualquier miembro del género humano, cuando la política toca las relaciones de las redes, extrañamente éstas se enredan.

El caso de Matamoros es significativo en ese contexto, porque dos o tres dirigentes de las redes han pretendido llegar a un puesto político y no lo han conseguido, no sólo por lo que dice la compañera periodista Arabela García, quien se refiere a las tensas relaciones que siempre existen entre periodistas –al menos los que somos críticos- y los políticos, sino al miedo de los políticos a que una mujer tenga injerencia directa en los asuntos del gobierno.

Así que desde luego descartamos la idea de que en la política interna de las redes esté involucrada una ambición política, pero no descartamos que estén involucrados los políticos, que pretenden usar a éstas nobles féminas para sus aviesos fines.

En un par de días decidirán por votación, las damas de las “redes”, quién será su dirigente en Matamoros: Blanca Isela o Ruth Adriana; debo hacer algunas reflexiones al respecto.

Conozco a ambas desde muy jóvenes, a la primera desde primer año de la carrera de Periodismo, a la segunda desde sus inicios en la radio, ambas son excelentes personas y tienen mi respeto.

Blanca Isela es impulsiva, de carácter fuerte, obstinado, rebelde, le gustan las luces y llamar la atención.

Ruth Adriana es el reverso de la moneda, fuerte pero suave, si hay que hacer una comparación diría que es como una mano de hierro con guante blanco, crítica, le gusta investigar profundamente sus reportajes, es discreta y no le importa pasar desapercibida.

Será una lucha entre los polos opuestos, y hasta ahí todo bien, como siempre, hay un pero…

Pero al lanzar la convocatoria, de manera inadecuada la actual dirigente: Samara del Toro dijo que el puesto se lo merecía Blanca Isela por su trabajo previo, y eso es cierto, pero dicho por la dirigente en funciones parece que está dando línea.

Además ha expresado Del Toro que “no hay reglas” o sea ¿qué es una lucha súper libre? Es pregunta, pero al mismo tiempo es una gran inquietud, porque se presta a abrir las redes a todo público y eso si esta previsto en sus estatutos que no suceda, o al menos que no deba suceder.

Cobijada con esas declaraciones y un espíritu de lucha con deseos de brillar, Blanca Isela se lanzó al gran público y con el pretexto de hacer convivios, ha reunido a dirigentes empresariales principalmente, ha hecho campaña en los medios, periódicos, radio y TV. No obstante sólo las mujeres que pertenecen a las “redes” la elegirán.

Muy bien, si ya la dirigente actual dijo que sería sin reglas, Blanca está haciendo las reglas.

Aquí hay dos situaciones que no cuadran con el deseo de independencia y libertad de las “redes de mujeres periodistas” que la elección vaya a ser en las instalaciones de la Asociación de Periodistas y que el Presidente de esa asociación pague los gastos de las reuniones.

Eso es, por decir lo menos: Extraño. Sin que quiera decir que está metiendo la mano en la elección lo que sería muy grave para la supervivencia de las redes, por ello, démosle el beneficio de la duda a todos los que han propiciado y protagonizado esa situación y pensemos con optimismo y positivamente que sólo quieren ayudar, sin buscar provecho alguno.

Siguiendo mí costumbre de no dejar un planteamiento sin una sugerencia, me atrevo a pedirle a todas aquellas damas que son miembros de las redes que reconsideren el lugar donde llevarán a efecto su elección, que dejen a un lado a todos los hombres que por definición son ajenos a las “redes de mujeres periodistas”, que voten luego de haber razonado, sin dejarse presionar ni impresionar, en suma: Que decidan sólo las mujeres cuál será su rumbo.

Tengo la firme esperanza de que así sea.

Hasta la próxima.

LO PRINCIPAL Y LO ACCESORIO

Por Mario Andrés Aquino López

Para que le quede claro a los abogados, decidí usar los términos principal y accesorio que son usuales en el lenguaje jurídico.

El Sr. Lic. Armando Charles me hizo el favor de remitirme la copia taquigráfica de la discusión con la que se llegó a la conclusión favorable al demandante en el juicio por medio del cual promueve el PRD acción de inconstitucionalidad en el expediente 21/2009, en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Tamaulipas.

Bajo la ponencia del señor ministro Azuela Güitrón.

La discusión de la Suprema Corte (que en correcta gramática debe ser Corte Suprema porque primero va el sujeto y luego el atributo) no fue de manera alguna tersa y unánime, lo cual se refleja en la resolución misma que dice:

PRIMERO.- Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

Pero aún más, el ponente fue Mariano Azuela pidió que el Secretario diera cuenta de una resolución previa que serviría de orientación en éste caso y fue el expediente 118/2008 contra el Estado de Morelos.

Con un poco de prisa el Ministro Presidente quiso terminar con una votación económica aprobando la inconstitucionalidad y dándole la razón al PRD demandante. Sin embargo Franco González Salas se opuso, Luna Ramos fue sutilmente sometida y estando en contra cambió su voto al final, pero ambos se opusieron a declarar inconstitucional el precepto, incluso cuando el Presidente quiso hacer aparecer una “unanimidad” lo detuvo el Ministro Franco González en los siguientes términos.

“¡Perdón señor presidente! Yo sí pido, respetuosamente, que se aclare que no hay unanimidad de votos.”

Finalmente se votó 7 a 8 a favor del demandante sobre la declaración de inconstitucionalidad, aunque en el resto no le fue tan bien al PRD.

El punto aquí, es que casos como éste son accesorios a la aplicación de la Constitución, ya he repetido hasta el cansancio las decenas de artículos Constitucionales que ha violado el titular del Ejecutivo Federal, las propias fuerzas armadas y todas las policías que han hecho nugatorios los derechos de libertad, proceso justo, presunción de inocencia, libre tránsito, preservar el hogar que no pueda ser invadido sin orden de allanamiento, no ser aprehendido sin orden de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, no prejuzgar quién es o no delincuente, derecho a no ser torturado, etc.

Mientras esa situación de violación a la Constitución se mantenga, al menos quien esto escribe se abstendrá de decir, y se opondrá a que se diga, que se ha “restablecido el orden jurídico”, ni siquiera por una decisión de la Corte que se refiere a algo accesorio aunque importante como son las elecciones, porque lo importante son los derechos FUNDAMENTALES que están siendo violados cada minuto.

Si hay alguna duda habría que preguntar a los deudos de la menor masacrada por soldados en Matamoros, al estudiante arrollado por una tanqueta también en Matamoros, a los niños asesinados por militares en Sinaloa, a quienes se duelen de que sea el fuero militar quien conozca de estos casos cuando está prohibido estrictamente por la Constitución, a los familiares de la indígena Veracruzana violada por soldados, etc.

Ellos le podrán decir que una sentencia sobre derecho electoral no “restablece el orden jurídico” mientras no se atienda a lo principal, es decir: a respetar los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano consagrados en la Constitución, a la ilegal más que anticonstitucional acción del Ciudadano Presidente de la República (de facto) de usar al Ejército, de vestirse como ellos y de actuar como si fuera emperador absoluto, y entiendo que lo hace por la sumisión de muchos gobernadores de los
Estados que no defienden su autonomía ni a sus ciudadanos, pero principalmente porque los otros poderes no lo limitan, entre ellos, precisamente la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es más, ni en todo lo electoral ha metido las manos, y si no me creen pregúntenle a López Obrador, son los funcionarios que más ganan y se dedican a resoluciones de maquillaje, pero yo quiero verlos meter las manos por el pueblo y sus derechos constitucionales y enfrentar la fuerza del ejército y la Presidencia de la República arriesgando con esto sus canonjías y privilegios.

El día que la SCJN haga respetar los artículos 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 129, 132 y otros, entonces diré con gusto que la SCJN “restablece el orden jurídico”, porque para mí esos artículos son el asunto principal, la médula de la democracia, la columna vertebral de la nación.

Con esto, espero haber dejado claro mi punto de vista, por supuesto que respeto otras visiones que son opuestas y festinan situaciones circunstanciales y accesorias, pero igual respeto espero para mi humilde opinión, que dentro de mis limitaciones he fundado.

FIN

EL PASTEL Y LAS MORONITAS

Por Mario Andrés Aquino López.

He leído varias opiniones sobre el tema del cambio de fecha al 4 de julio, tenía la intención de no entrar al tema porque algunos lo usan para atacar al Gobierno Estatal y otros para defenderlo, también hay quienes muy centradamente hacen ver los inconvenientes de la coexistencia por medio año, de dos autoridades del mismo nivel, uno con poder aún y otro presto a tenerlo.
Lo cierto es que entre políticos siempre se ponen de acuerdo, y siempre en perjuicio del erario estatal, si se trasladan fondos (que necesitará) al nuevo Gobernador o Presidente y los toma, NUNCA se va a saber porque el que lo dio es tan responsable de desvío de recursos como el que lo recibió.

Este maquillaje para ahorrar nos va a costar a nosotros.

Por otra parte, en la hemeroteca del periódico el Universal encontramos que el jueves 20 de septiembre de 2007 se publicó una nota, que tiene su origen en el Estado de Chihuahua, relativa a ésta reforma.

Dicha nota transcribe lo dicho por el secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, Héctor Hernández Varela, quien dijo que esta ley tiene puntos equivocados como el hecho de que sea la federación quien se encargue de organizar las elecciones locales como lo contempla ahora la reforma a la Constitución.

Precisó que en el artículo 41 (de la Ley a discusión) se pretende que sea el órgano federal electoral quien se encargue de organizar las elecciones estatales, si así lo deciden las instancias locales y en la historia parece que estamos volviendo o hablando de retrocesos por que inicialmente las elecciones eran encomendadas a los estados incluso las federales, y no fue hasta 1946 cuando se creó la Comisión de Vigilancia Electoral.

Hasta aquí la nota, parece que nadie le hizo caso a Hernández Varela y ningún diputado de la República se opuso a ella, pero veamos qué dice la bendita ley mexicana:
ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL: EL PUEBLO EJERCE SU SOBERANIA POR MEDIO DE LOS PODERES DE LA UNION, EN LOS CASOS DE LA COMPETENCIA DE ESTOS, Y POR LOS DE LOS ESTADOS, EN LO QUE TOCA A SUS REGIMENES INTERIORES, EN LOS TERMINOS RESPECTIVAMENTE ESTABLECIDOS POR LA PRESENTE CONSTITUCION FEDERAL Y LAS PARTICULARES DE LOS ESTADOS, LAS QUE EN NINGUN CASO PODRAN CONTRAVENIR LAS ESTIPULACIONES DEL PACTO FEDERAL.
ARTICULO 124 CONSTITUCIONAL: LAS FACULTADES QUE NO ESTAN EXPRESAMENTE CONCEDIDAS POR ESTA CONSTITUCION A LOS FUNCIONARIOS FEDERALES, SE ENTIENDEN RESERVADAS A LOS ESTADOS. En el caso se dice que Tamaulipas violó una de las Facultades exclusivas de la Federación.

Respetuosamente solicito, que por favor, alguien ilumine con su sabiduría a este pobre ignorante y le digan: dónde establece la Constitución que es la FEDERACION la que decide cuándo hacer los comicios estatales, y cómo es posible una contradicción entre el 41 y 116 fracción IV Constitucionales.

Claro que la resolución de la Corte y el artículo 116 Constitucional o su violación, sirven para pegarle desde, al Gobernador (que no legisla), los Diputados (que sí lo hacen) hasta los asesores, secretarias, auxiliares, intendentes y demás personal del Congreso.

El bajacaliforniano Lic. Rafael Leyva Mendivil en “LA AUTONOMÍA DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN” concluye:
PRIMERA.- Soberanía y autonomía son conceptos que no deben confundirse. El primero significa, básicamente, un poder máximo que no está condicionado a una instancia superior; mientras que la autonomía supone una capacidad de determinación, pero dentro de un marco normativo externo.
SEGUNDA.- Los estados de la república mexicana no son soberanos…están sujetos a lo que estipula el pacto fundamental, sobre todo en lo que concierne a la estructura y funcionamiento de sus instituciones básicas.
TERCERA.- Los estados de la federación gozan de autonomía en las modalidades constitucional, democrática:<> (Nota del Redactor de este artículo, en cursivas) , legislativa, ejecutiva y judicial, lo que les permite organizarse y desarrollarse internamente en dichos aspectos, sin contravenir los lineamientos que marca la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde 1996, se obliga a que las Constituciones y leyes electorales de los diferentes Estados de la república mexicana garanticen un conjunto de principios y condiciones equivalentes a los establecidos en el sistema electoral federal. Entre tales preceptos se incluyen la autonomía e independencia que deben guardar las autoridades a cargo de la organización de elecciones y la resolución de controversias, a efecto de garantizar equidad, transparencia en los diferentes procesos comiciales. (Hasta aquí la cita)

Ahora vamos a situaciones de logística y ahorro (art 116 Constitucional)
En una extensa entrevista, el abogado Armando Charles Lumbreras, aplaude la decisión de la Corte para homologar las elecciones para un mismo día con fines claramente económicos, de mejor aprovechamiento de la infraestructura, y cuestiones de ese estilo.

Durante la entrevista cita varias veces el artículo 116 Constitucional y se alegra que se haya “restablecido el orden jurídico”, el citado artículo dice:
ARTICULO 116. CONSTITUCIONAL FRACCION IV. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES DE LOS ESTADOS EN MATERIA ELECTORAL GARANTIZARAN QUE:
(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 13 de noviembre de 2007)
A) LAS ELECCIONES DE LOS GOBERNADORES, DE LOS MIEMBROS DE LAS LEGISLATURAS LOCALES Y DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS SE REALICEN MEDIANTE SUFRAGIO UNIVERSAL, LIBRE, SECRETO Y DIRECTO; Y QUE LA JORNADA COMICIAL TENGA LUGAR EL PRIMER DOMINGO DE JULIO DEL AÑO QUE CORRESPONDA. LOS ESTADOS CUYAS JORNADAS ELECTORALES SE CELEBREN EN EL AÑO DE LOS COMICIOS FEDERALES Y NO COINCIDAN EN LA MISMA FECHA DE LA JORNADA FEDERAL, NO ESTARAN OBLIGADOS POR ESTA ULTIMA DISPOSICION;
(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 13 de noviembre de 2007)
Nótese que el multicitado artículo Constitucional, excluye a los Estados cuyos comicios federales se celebren en la misma fecha y no coincidan en la misma fecha de la jornada electoral federal, quienes no estarán obligados por ésta última disposición.

Digo yo, desde el fondo de ese pozo de ignorancia que es mi cerebro, si nuestros ilustres, puros y democráticos Diputados andaban ya con esas cosas de la homologación ¿Por qué no homologaron también los comicios federales? lo que constituiría un ahorro importante.
En palabras llanas: TODAS LAS ELECCIONES, DE LO QUE SEA, EL PRIMER DOMINGO DE JULIO, Y PUNTO.

Bueno, eso es siendo consecuente con la visión homogeneizadora de los Diputados y de defensa de la Constitución que valientemente realizó la SCJN (a la que, por cierto, no le da la misma importancia a los artículos 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 129, 132 y otros que escapan a mi deteriorada memoria pero que mencionan derechos fundamentales del individuo, sino a un precepto de maquillaje, que constituye un complemento para un importante acto democrático: Las Elecciones) ¿Por qué no, Señores magistrados, conceden su benéfica acción para que real y verdaderamente se considere: “restablecido el orden jurídico”, restituyendo la validez de los artículos 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 129, 132 y otros, y no nos entreguen resoluciones que se paran solamente en minucias? en palabras vulgares: Queremos el pastel no las moronitas.


ENTREVISTA REFERIDA EN EL ARTICULO ANTERIOR
Diputados que no hacen leyes y asesores eunucos
Fallo de la SCJN puso en ridículo al Congreso y al Gobernador: Charles


María Jaramillo Alanís

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación crea un precedente para todas aquellas autoridades que se creen y actúan por encima de la Constitución, pues desde un principio el artículo 116 establecía que la jornada electoral debía celebrarse el 4 de julio del 2010.

En entrevista con Armando Charles Lumbreras, abogado especialista en materia electoral, la Corte simplemente restableció el orden jurídico que se había roto de manera unilateral por el Congreso y por el propio jefe del ejecutivo, pero además por que no se hacen leyes pensando en la población sino en caprichos y conveniencias partidistas.

-El fallo de la SCJN crea un precedente para que las autoridades del estado respeten la Constitución y se sujeten al orden jurídico que debieron respetar por que el artículo 116 que violó el Congreso del estado y el jefe del ejecutivo establecía que la jornada electoral se realizará el 1 domingo de julio y, el artículo 54 de la constitución establece algunas bases generales del principio de representación proporcional que también fueron incumplidas por la resolución del Congreso en el decreto de reforma en la forma de asignación de diputados de representación proporcional por que no establece un límite en máximo de sobrerrepresentación y en este caso el voto popular que se exprese en las urnas estará mejor representado en el Congreso en cuanto a proporcionalidad se refiere.

Refirió, que es lo jurídico, pues por otra parte se mezclan las cuestiones jurídicas con políticas por ejemplo:

-Si un funcionario público quiere participar en las elecciones en el 2010 tendrá que pedir licencia 120 días antes de la jornada electoral es decir que los primeros días de marzo tendrá que tener la licencia y en algunos partidos les piden que se separen incluso desde las precampañas que inician en febrero esto quiere decir que aunado a una jurisprudencia de la Sala Superior del TRIFE que establece para el caso de Morelos una legislación similar a la de Tamaulipas, que en la separación del cargo para contender por cargos de elección popular, debe continuar hasta que se resuelva el último de los medios de impugnación, de ahí de que si el regresa antes a su puesto pueda ser impugnado y que eventualmente revocarle su constancia. Esto significa que prácticamente todo el próximo año el que quiera ser candidato ya no regresaría a la función pública si acaso sobre el final pero prácticamente sobre la fecha de la toma de posición de los nuevos funcionarios y quizá ya no les convenga que alguien regrese en esas condiciones. Ahí la ventaja de esta deposición es que o se dedican a la función pública o se lanzan de candidatos y deja a su lugar a otro que quieran trabajar en beneficio de la comunidad. Esta disposición parece más a un ley antichapulín que por cierto no fue aprobada por éste Congreso pero tendría ese efecto la resolución de cambio de fecha de la elección y sobre todo esto, que se crea un precedente de que no vale ninguna autoridad por más importante que sea no puede estar por encima de la Constitución, así sea el mismo Congreso o el gobernador en turno. También es una forma de cultura política para que los ciudadanos sepan que existe una instancia o autoridad superior que puede enmendar la plana a las autoridades inferiores.

-¿En tu opinión cual es el calendario de actividades que debe seguir el congreso para cumplir con el fallo de la SCJN?

-En el caso de la fecha de la elección ya quedó establecido tanto en la Constitución como en el Código y apunta que será el 4 de julio incluso todo el calendario se respetaría, lo único que estaba de más era el articulo 4º transitorio de la reforma de la constitución del estado así como el 5º, no hay problema por los efectos porque simplemente se anulan y surte efecto en el 2010 la Constitución y el código.

-¿Al Congreso no le toca componer nada?

-En este caso no. Pero en el caso de la anulación del artículo 27, sobrerrepresentación proporcional y en caso del artículo 83 sobre el nombramiento de un gobernador interino sí tiene que legislar por que si ya invalidaron una formula de asignación ¿Cuál aplicarían para designar diputados? Forzosamente tiene que haber otra formula y por lo tanto tienen que emitir un nuevo artículo 27 que contemple un límite a la sobrerrepresentación y un nuevo artículo 83 que establezca una mayoría suficiente para nombrar gobernador interino en caso de que no se presentara a ejercer el cargo el que resultara electo. Además por que el artículo 83 de la Constitución política de Tamaulipas, considero que es anacrónico en la redacción actual, que me parece es un criterio que tuvo la Corte al resolver esto. Implica que tienen que legislar otra vez e incluso uno de los ministros de la corte decía que como el proceso electoral inicia en la última semana de octubre de este año, hay tiempo todavía para que se legisle sobre éstos artículos, porque no tienen trascendencia sobre el inicio del proceso porque son artículos que se aplicarían en todo caso después de la jornada electoral del 4 de julio en la asignación de diputados, y de la eventual toma de protesta de un gobernador interino, esto sería hasta el 1 de enero del 2011. Eso significa que hay tiempo para que legislen y eventualmente para evitar otra acción de inconstitucionalidad sino cumplen con la sentencia del TRIFE.

-¿Este otro fallo de la SCJN habla de una deficiencia legislativa y una ausencia de hacer bien las leyes?

-Nos habla de un estilo de gobierno que ya no se adapta con los tiempos actuales. Yo creo que el deber de los asesores del Congreso y del Gobernador, es decirle no lo que su jefe quiere oír sino lo que su jefe debe oír y advertirle de las consecuencias que pueden traer consigo este tipo de decisiones, no solo para este caso sino para cualquier otro caso, las decisiones que tome siempre le traerá consecuencias. Los asesores tal vez por amor a la nómina no le hacen ver a su jefe o patrón que esta incurriendo en una irregularidad o bien haciéndole ver que está en una irregularidad y haciéndoselo constar y se reservan sus opiniones es decir pueden decirle que esta mal pero no van más allá porque tienen el temor de ser despedidos. La función del asesor es el que le hace ver a la persona a la que le ofrece sus servicios en los casos en que esta incurriendo en un error a su juicio, según su leal saber y entender y no aquel que le rinde culto a la personalidad.

-Por un lado está el tema de los asesores y por otra parte la función legislativa que parece que tampoco se hace, pues aprobaron un Código Electoral a sabiendas de que tenían que homologarlo...

-Ellos sabían bien porque mandaron traer un ponente de no sé donde que les dijo también lo que querían oír, les dijo cómo violar la Constitución de manera inteligente. Ellos sabían perfectamente bien que ese artículo que estaban poniendo, el 4o transitorio, era inconstitucional y sin embargo le dieron para delante pensando en que no iba a haber impugnación, quizá se cuidaron más del PAN que de otros partidos y no esperaban por donde les vino la impugnación.

Afirmó el abogado:

Los foros de consulta fueron un fiasco por qué se oyó a los ponentes pero no se les escuchó ni tomó en cuenta y al final tomaron decisiones unilaterales y que lamentablemente puso en entredicho al Congreso y al propio gobernador.

-Y no sé porqué Ricardo Gamundi dice que les beneficia la fecha del 4 de julio, si eso fuese verdad debieron haberle evitado al gobernador que violará la constitución, tuvieron tiempo para legislar y derogar el articulo y que la Corte no se viera en la necesidad de enmendarles la plana. SI hubieran hecho su trabajo, la Corte no les hubiese dicho: Violaron la Constitución y existe la violación por parte del Gobernador que al promulgar dicha reforma también debió hacer las observaciones correspondientes al Congreso, para evitar todo esto. Hay errores de todo tipo en este asunto, pero lo que yo digo es que el problema no es que no sepan lo que están haciendo sino que el autoritarismo, el culto a la personalidad y la subordinación de quienes tienen la obligación de hacer ver las cosas a los demás no les permitió corregir a tiempo.

-¿Más que diputados parecen monigotes?

-El problema es que la disciplina partidaria los lleva hasta reformar la ley de gravedad. No hay una justificación y cada autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando emite una decisión tiene que fundar y razonar su voto no nada más votar por consigna y porque se los dice el pastor del rebaño, yo creo que tienen que pensar que cada representante popular lo es del pueblo que representa no esta nombrado por el gobernador sino por el pueblo y si se van por la disciplina y no justifican sus decisiones, todos los diputados son responsables de lo que ha pasado.

-Hay nombres y apellidos en el Congreso y en la oficina jurídica del Gobernador.

-Los hay. Por ejemplo en el caso del Congreso hay algunos que piden la reelección y han sido hasta tres veces diputados y no han aprendido nada. Creo que hay responsables en todos lados. Hay en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, la Junta de Coordinación Política del Congreso, en el Partido Revolucionario Institucional quien ahora dice lo contrario de entonces y, quienes demostraron que actuaron no en base a una falsa unidad que no fue en respeto a la Constitución sino que demostraron estar de acuerdo en convencionalismos, caprichos e intereses.

El poder y la Educación

Por Mario Andrés Aquino López

Leyendo a Publius en forma crítica y considerando que era un historiador (55 – 120 de nuestra era) aplicando un método de comparación entre lo que dice sobre la educación y lo que sucede en el momento actual (2009), tomé en cuenta:

Primero: Que el método educativo de la época de Publius era la Oratoria, la retórica y el diálogo.
Parece ser que el método de la Oratoria era fundamental para Publius pues en su obra Dialogus de oratoribus (Diálogo de los oradores), escrita hacia el 81, realiza una crítica de lo olvidado que está tal método en su sociedad.

Si esos mismos conceptos los adecuáramos a la época actual la Academia como tal parece olvidada, con el pretexto del “auto-aprendizaje” del alumno y con el subterfugio de que el Maestro es un simple guía, casi no se escucha la voz de los maestros en los salones de clase y la carga de trabajo se traslada convenientemente a los alumnos.

Según el Diccionario de sinónimos y antónimos 2005 Espasa-Calpe, son sinónimos profesor, educador, instructor, maestro, pedagogo, preceptor, monitor, catedrático, doctor y consejero; lo cual no quita que la exposición magistral siga siendo valiosa, independientemente de que se usen los métodos que tienden a fomentar el auto-aprendizaje.

Segundo: La tendencia hacia convertir todo en objeto de mercado, el proceso enseñanza-aprendizaje no ha escapado a esta corriente post modernista, y parece que hoy vale igual que en el siglo I, la afirmación de Materno, el poeta, quien zanja la cuestión de si está o no en decadencia la Oratoria en el diálogo de Publius al que nos hemos venido refiriendo, con un acertado criterio histórico; Materno asegura que: “es la diferencia de régimen político la que determina la decadencia de la oratoria”.

Parece que la exposición del Maestro de un tema determinado, está en decadencia, pero igual, la Educación ya no es un Derecho Humano sino un servicio por el que hay que pagar, y entre mayor su calidad, mayor su precio.

Sobre la cuestión de que si es o no la diferencia de régimen político lo que determina esto, Adriana Puiggros Doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, concluye su ensayo “Educación y poder: los desafíos del próximo siglo”, con la siguiente afirmación:
“...con un discurso plagado de palabras referidas a la discriminación positiva y a la calidad, se están ya propiciando medidas que en pocos años habrán desestructurado los sistemas de educación pública, dejando a la educación en manos de impredecibles fuerzas del mercado.”
Tercero: Defender nuestros derechos es vital más ahora que como dice Jesús Eduardo Martín Jáuregui de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes:
“Vivimos un virtual estado de sitio en que sin hacerse declaratoria expresa, las libertades esenciales se menoscaban. En que las libertades de asociación, de libre tránsito y aún las de posesión o propiedad, por no decir la libertad misma, se ven restringidas por regulaciones legaloides que se convierten en instrumentos peligrosísimos para la supervivencia de los derechos humanos. Fundamentadas en el miedo, se toman medidas con la apariencia de disposiciones extraordinarias para un período de excepción. Los medios son cooptados, ya no por la amenaza, sino por la dádiva disfrazada de publicidad. La miseria es atenuada por la limosna institucional con ropaje de justicia social. Los derechos humanos son violados con regulaciones toleradas por el temor y por la ignorancia.

La Universidad misma se pone a debate. La Universidad pública, la Universidad por definición vive angustiada por sus escasos recursos. Cuestionada en su propia esencia, ella que ha sido durante ocho siglos la certificadora de conocimientos, se ve constreñida a recurrir a organismos extrauniversitarios para ser certificada con vistas a sobrevivir en un mundo globalizado, cuya primera gran crisis nos azota y nos asuela. No obstante la Universidad sigue siendo el espacio para denunciar y para debatir estas cuestiones. La carrera de Derecho, el ámbito natural para que alumnos y maestros reflexionemos, como todos los días lo hacemos, pero ahora a la luz de una circunstancia que pone en riesgo las bases de una sociedad democrática.

Hasta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se ve como un ideal lejano, ante la inversión de los valores, cuando un individuo puede ser confinado a una cárcel especial por un período de 60 días para investigarlo, trastocando el principio mismo de “investigar para detener” y no al contrario. Cuando sin orden de cateo se allanan hogares, comercios, oficinas públicas, amparados en la irresponsabilidad y en la impunidad.

Cuando cualquier ciudadano se ve expuesto a las vejaciones de los grupos que por definición han sido creados para salvaguardar los derechos. Por el camino de la injusticia no se llega a la justicia. Por la antijuridicidad no se llega a la juridicidad. Por la vía de la violación de los derechos humanos no se llega al Estado de Derecho.”

En Conclusión: No podemos permitir que se minimice el ejercicio del magisterio, que deje de crecer la calidad ni que los derechos humanos como el de la Educación se cancele y se convierta, igual que la Salud, en un servicio por el que hay que pagar, reduciéndolos a objetos de mercado, y que a expensas de ello, las autoridades destruyan el sistema público de Educación en todos los niveles.

No podemos permitirle a nuestros gobernantes ejercer el poder sin escuchar al pueblo, porque en su ambición de poder pueden terminar en el precipicio como bien lo dice Publius:
“Para quienes ambicionan el poder, no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio.”
Luchemos, entonces, para defender la Educación Pública de calidad, que pueda llegar a todos sin distingos, para iniciar esa lucha, el primero que debe cambiar, es el Maestro, moderando sus ambiciones de dinero y poder, aumentando su sed de conocimientos y recordando, como dice Martín Jáuregui, que como en la parábola de los talentos, el Maestro está comprometido a multiplicar los que se le entregaron para rendir buenas cuentas.
Esperamos sinceramente que: ¡Así sea!