Por Mario Andrés Aquino López
En 2009, Los índices de criminalidad —cada vez más asociados a la delincuencia organizada en México— presentaron un crecimiento de 5.8 por ciento anual entre 2005 y 2007, al pasar de 1.448 a 1.622 actos ilícitos por cada 100 mil habitantes.
En 2006, Alejandro Gertz Manero escribió: Estamos viviendo una escalada nunca vista en México, que proviene de la delincuencia y el narcotráfico, y una violencia inusitada en buena parte del territorio nacional, que nos muestra a personas decapitadas, incineradas, enterradas vivas y ajusticiadas en las peores circunstancias, mientras los secuestros en todas sus formas se multiplican y el robo sigue creciendo, según lo reporta la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros; y frente a todo esto, las propuestas se hallan absolutamente desvinculadas de la dimensión del problema y de la posibilidad real de resolverlo, si verdaderamente se quiere hacer algo por la seguridad y la justicia, es necesario entender a fondo el problema y estar en disposición de reconstruir una estructura que ya está podrida.
Por si fuera, poco la innegable ilegalidad con que se lucha contra la delincuencia organizada, ha provocado que, el 27 de marzo de 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya pedido a México eliminar el arraigo, ya que permite la detención de personas sin que haya certeza de que se respetan sus garantías fundamentales. Expresó preocupación porque el Ejército se hace cargo de la seguridad pública, tarea que deben realizar civiles.
También, el CDH pidió medidas de protección para activistas y comunicadores; instó a investigar ataques, asesinatos y amenazas en su contra, de modo inmediato, efectivo e imparcial, y que se despenalice la difamación.
El comité dio a conocer ayer (26 de marzo de 2010) sus recomendaciones, y en la presentación del documento en Nueva York, Salvioli destacó que los tribunales militares de ninguna manera pueden juzgar hechos en los cuales las víctimas sean civiles. Resaltó que debe quedar excluida toda jurisdicción castrense para casos de violaciones de las garantías fundamentales, como han señalado instituciones regionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
México debe reformar su legislación para adecuarla a dicho pacto con el fin de que éste sea cumplido en todo el territorio nacional. Todas las entidades están obligadas a observar el acuerdo internacional, porque cuando no lo hacen, ocasionan responsabilidad al Estado, abundó.
En 2009, Durante el foro Hacia la prevención del delito en México, organizado por el PRD en la Cámara de Diputados, Irvin Waller, experto en criminología de la Universidad de Ottawa, sostuvo que uno de cada cuatro mexicanos es víctima de un crimen del fuero común.
Tal incidencia obedece, dijo Waller, a las complicadas condiciones que enfrenta la juventud, pues vive en relativa pobreza, violencia familiar, padece exclusión o deserción escolar y desempleo, cultura de violencia, alcoholismo en su entorno y relativa facilidad para acceder a las armas.
Frente a tal calamidad, dijo el académico, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) propone crear una oficina permanente que busque reducir el delito, al contar con un sistema de información acerca de las tendencias y causas de violencia y capacitar a recursos humanos.
El consultor de la ONU, Edgardo Buscaglia, expuso la urgencia de instaurar un gabinete operativo con funcionarios que sean asesores técnicos-operativos que se encarguen de implementar las estrategias.
De acuerdo con un reciente estudio, la criminalidad aumentó en 107 países que focalizaron la lucha contra la delincuencia organizada con mecanismos represivos y no con preventivos –cómo sucede en México.
Con base en información de la encuesta sobre criminalidad que lleva a cabo las Naciones Unidas, se compara el nivel de delincuencia en México con el de otros países; esto permite inferir que los niveles de criminalidad que se presentan en algunas regiones del país se cuentan entre los más altos del mundo.
Ante esta realidad, luego de aceptarla, el Presidente Felipe Calderón dijo:
“Los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción, con la cobardía de muchos durante mucho tiempo”.
Calderón dice que más allá del color partidista de su sucesor, en el 2012 lo importante es que éste “dé color” y asuma el compromiso de continuar con el tema de la seguridad y el combate a la delincuencia.
Lo cierto es que el tema de la seguridad y el combate a la delincuencia bajo el mandato de Calderón ya dio color, y sin duda todos sabemos que el color que nos brindó en esta lucha, fue el rojo de la sangre de víctimas inocentes.
En 2009, Los índices de criminalidad —cada vez más asociados a la delincuencia organizada en México— presentaron un crecimiento de 5.8 por ciento anual entre 2005 y 2007, al pasar de 1.448 a 1.622 actos ilícitos por cada 100 mil habitantes.En 2006, Alejandro Gertz Manero escribió: Estamos viviendo una escalada nunca vista en México, que proviene de la delincuencia y el narcotráfico, y una violencia inusitada en buena parte del territorio nacional, que nos muestra a personas decapitadas, incineradas, enterradas vivas y ajusticiadas en las peores circunstancias, mientras los secuestros en todas sus formas se multiplican y el robo sigue creciendo, según lo reporta la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros; y frente a todo esto, las propuestas se hallan absolutamente desvinculadas de la dimensión del problema y de la posibilidad real de resolverlo, si verdaderamente se quiere hacer algo por la seguridad y la justicia, es necesario entender a fondo el problema y estar en disposición de reconstruir una estructura que ya está podrida.
Por si fuera, poco la innegable ilegalidad con que se lucha contra la delincuencia organizada, ha provocado que, el 27 de marzo de 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya pedido a México eliminar el arraigo, ya que permite la detención de personas sin que haya certeza de que se respetan sus garantías fundamentales. Expresó preocupación porque el Ejército se hace cargo de la seguridad pública, tarea que deben realizar civiles.
También, el CDH pidió medidas de protección para activistas y comunicadores; instó a investigar ataques, asesinatos y amenazas en su contra, de modo inmediato, efectivo e imparcial, y que se despenalice la difamación.
El comité dio a conocer ayer (26 de marzo de 2010) sus recomendaciones, y en la presentación del documento en Nueva York, Salvioli destacó que los tribunales militares de ninguna manera pueden juzgar hechos en los cuales las víctimas sean civiles. Resaltó que debe quedar excluida toda jurisdicción castrense para casos de violaciones de las garantías fundamentales, como han señalado instituciones regionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
México debe reformar su legislación para adecuarla a dicho pacto con el fin de que éste sea cumplido en todo el territorio nacional. Todas las entidades están obligadas a observar el acuerdo internacional, porque cuando no lo hacen, ocasionan responsabilidad al Estado, abundó.
En 2009, Durante el foro Hacia la prevención del delito en México, organizado por el PRD en la Cámara de Diputados, Irvin Waller, experto en criminología de la Universidad de Ottawa, sostuvo que uno de cada cuatro mexicanos es víctima de un crimen del fuero común.
Tal incidencia obedece, dijo Waller, a las complicadas condiciones que enfrenta la juventud, pues vive en relativa pobreza, violencia familiar, padece exclusión o deserción escolar y desempleo, cultura de violencia, alcoholismo en su entorno y relativa facilidad para acceder a las armas.
Frente a tal calamidad, dijo el académico, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) propone crear una oficina permanente que busque reducir el delito, al contar con un sistema de información acerca de las tendencias y causas de violencia y capacitar a recursos humanos.
El consultor de la ONU, Edgardo Buscaglia, expuso la urgencia de instaurar un gabinete operativo con funcionarios que sean asesores técnicos-operativos que se encarguen de implementar las estrategias.
De acuerdo con un reciente estudio, la criminalidad aumentó en 107 países que focalizaron la lucha contra la delincuencia organizada con mecanismos represivos y no con preventivos –cómo sucede en México.
Con base en información de la encuesta sobre criminalidad que lleva a cabo las Naciones Unidas, se compara el nivel de delincuencia en México con el de otros países; esto permite inferir que los niveles de criminalidad que se presentan en algunas regiones del país se cuentan entre los más altos del mundo.
Ante esta realidad, luego de aceptarla, el Presidente Felipe Calderón dijo:
“Los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción, con la cobardía de muchos durante mucho tiempo”.
Calderón dice que más allá del color partidista de su sucesor, en el 2012 lo importante es que éste “dé color” y asuma el compromiso de continuar con el tema de la seguridad y el combate a la delincuencia.
Lo cierto es que el tema de la seguridad y el combate a la delincuencia bajo el mandato de Calderón ya dio color, y sin duda todos sabemos que el color que nos brindó en esta lucha, fue el rojo de la sangre de víctimas inocentes.
¿Y la delincuencia? Sigue.
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